En la medida en que estas aglomeraciones urbanas han experimentado transformaciones económicas, demográficas y sociales, han surgido nuevas demandas en la sociedad y, de forma principal, se han consolidado desafíos en materia de seguridad. En esta dirección se pueden señalar tres problemas básicos de gobierno: primero, la contigüidad territorial, pues en las grandes áreas los delitos se pueden cometer en las ciudades más importantes y los delincuentes refugiarse en municipios vecinos, situación que sucede con frecuencia y muestra la poca funcionalidad de los límites administrativos municipales, que no permiten una respuesta estatal y policial efectiva.
Segundo, en las aglomeraciones urbanas se están creando centralidades de facto, que desdibujan la planeación, pues abarcan varios municipios y contemplan dinámicas econó- micas legales/ilegales, que los gobiernos municipales no pueden controlar porque escapan a sus áreas de acción. Tercero, el control territorial ejercido en algunos sectores por entes criminales, ha entrado en disputa directa con el Estado local y se estructura alrededor de la extorsión, el control poblacional y político.
Desde esta perspectiva, la seguridad es mucho más que un problema de reducción de muertes o robos, y se ha convertido en un asunto complejo que requiere un tratamiento gubernamental directo, pero llevará necesariamente a replanteamientos con respecto a las atribuciones de los gobiernos locales y sus responsabilidades, y, dentro de éstas, será necesario abrir el debate sobre el modelo de policía que necesita una Colombia cada vez más urbana.
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